Agenda y Constituyente Económica

Alson Byson Keeler quien lidera un grupo de inversionistas y profesionales de Carabobo se resiste se resiste a perder la confianza en el destino económico del país, por el contrario alienta la expectativa en un futuro mejor dentro de este panorama están instalando la primera procesadora del frijol de soya en Venezuela para producir leche en polvo y mas derivados.

Pedro Carmona actual presidente de Fedecamaras y expresidente de Conindustria, -----------con soportes debidamente documentados indican que la economía no ------------ ---------- dramática ----------- entre 1990 y 1999, en términos de su participación en el PIB, mientras que el sector petrolero que hace diez años representaba el 22% al finalizar el año 99 tenia una participación del 28% en el PIB. La inversión privada para la misma fecha paso de una participación en el PIB del 25% al 5.6% . El ahorro privado paso del 18% a menos del 7% en el mismo lapso. Si se hace una proyección hacia el año 2000 con la bonanza de los precios petroleros vigente significara un 30% (record histórico) por exportaciones de crudos; pero no se puede esperar la misma reacción en la inversión privada y sobre todo para asumir el equilibrio frente al incremento de la deuda publica externa. Esas son las realidades que tenemos que enfrentar con valentía, partiendo de la urgencia de reactivar el aparato productivo existente con acciones que no tienen mas tiempo de espera, según P.C.E.


Como el gobierno del presidente Chávez esta solicitando respuestas concretas y soluciones inmediatas en el seno de la Comisión Nacional de la constituyente económica, el presidente de la CIEC, Gustavo López planteo que lo primero que debe hacer el gobierno para la reactivación del aparato productivo industrial es decretar el aumento de Draw Back al 7% y ordenar que se pague en 48 horas, así de fácil.


Uno de los ministerios creados por el presidente Chávez y tan necesario “Ministerio de la Producción y del Comercio -MPC-” cuenta como parte de la estructura operativa el Sistema Autónomo Propiedad Intelectual -SAPI- , a través del cual el gobierno le otorga protección jurídica a las distintas modalidades de la propiedad intelectual, le garantiza servicios de información y le concede funciones para la función y fiscalización de toda gestión en la materia como valorización y promoción tecnológica, conciliación, mediación y arbitraje e impulso de la tecnología en los sectores comerciales, industriales y científicos.